11. jun., 2016

Valencia: otro episodio más de la guerra Concertada vs Pública

       

Un conflicto de décadas

       Un conflicto de décadas reina entre la educación pública y las escuelas concertadas, conflicto que  periódicamente es agitado por turbulencias que soliviantan a una de las dos redes, o a ambas, generalmente a causa de alguna decisión política que desde alguno de los dos sectores se entiende perjudicial para los propios intereses. El último hasta ahora es el que se ha vivido en Valencia, y en él, el protagonismo de la protesta no lo llevaba la escuela pública, como es más frecuente sobre todo desde el comienzo de la crisis. No, esta vez las familias y titulares de los centros concertados se levantaron al grito de “¡Libertad!”, que es el eslogan habitual de quienes defienden que los fondos públicos favorezcan a las escuelas de titularidad privada sostenidas por el contribuyente.

       El periódico  El Mundo ha titulado, con desgarro expresionista, “El gran grito por la libertad educativa”. Apuntaba esta manifestación directamente contra el consejero de Educación de la Generalitat valenciana, Vicent Marzà, de Compromís -a quien las pancartas más numerosas llamaban “represor de la concertada". La vicepresidenta Mónica Oltra respondía a quienes claman «libertad» que, en realidad, cuando dicen "libertad" buscan sus «privilegios», y que protestan contra el Consell porque éste ha roto los «privilegios» de quienes «quieren mantener una sociedad desigual e injusta».

      A la vista del estado actual de la batalla que se han venido sucediendo desde 1980 (Adolfo Suárez: LOECE), los picos de conflictividad prometen recrudecerse durante la nueva legislatura en toda España, quienquiera que sea quien conduzca el gobierno central después de las elecciones del 26 de junio.

          ¿Dónde reside el meollo del conflicto desde hace más de tres décadas,?  Es natural que cada sector elabore sus eslóganes con los que embellecer y hacer atractivas sus reivindicaciones: una masa que invoca la libertad, otra que reclama justicia e igualdad. Pero los eslóganes con frecuencia se idean precisamnete para enmascarar realidades menos épicas. Aquí tengo intención de desenmascarar eslóganes de unos y otros. Y no bastará una entrada para ello. Porque, aunque el conflicto tiene una nuez, un núcleo duro de la cuestión (que se reduce a que un número importantísimo de familias pretende escolarizar gratuitamente a sus hijos en lugares lo más selectos y distinguidos que sea posible -y selecto y distinguido, por definición, significa cerrar el acceso a las masas y especialmente a inmigrantes-) esa nuez se recubre de múltiples capas y aspectos complejos que conviene separar y traducir al lenguaje de la realidad, despejando de mantras, consignas y gritos la sustantividad de los hechos que defienden unos y otros.

         Tampoco la defensa de la educación pública, tan golpeada y humillada hasta el aplastamiento cuando gobierna el PP, despiadadamente durante esta larga crisis, ha sabido ser hábil: se  ha embozado en tics rancios y en tosquedades argumentativas, y no ha sabido defender su razón frente avasallamiento del Partido Popular.

        Dejaremos para otros post varias aristas del conflicto que hoy no cabe desarrollar, y repitamos el que creo ser el meollo de la cuestión: un número muy importante de familias españolas buscan, en la escolarización de sus hijos, básicamente distinción. En un momento histórico en que la escolarización obligatoria se extiende hasta los 16 años para absolutamente todos los menores de esa edad, rechazan, no esta obligatoriedad, no la concepción de la escuela, sino a los centros inclusivos de todas las diferencias: étnicas, económicas, sociales, psicológicas ideológicas, religiosas y de capacidad; reclaman escuelas no inclusivas, sino exclusivas. Y como, de ese número de familias, buena parte no puede pagar centros enteramente privados (carísimos y apenas un 5% del total), busca esa exclusividad en los colegios concertados, mucho más numerosos que en ningún otro país (¡alrededor del 30%!).

   

 Las condiciones de la excepcionalidad española

     ¿Por qué en España, y sólo en España (hablo de países de nuestro entorno) se da esta enorme presencia de centros de titularidad privada que, sin embargo, se han acogido desde los años 80, al sistema de conciertos, es decir, a ser sostenidos con fondos públicos y, por tanto, a aceptar -aunque sólo sobre el papel- que el proceso de admisión de alumnos sea idéntico al de los centros públicos?

         La razón está en nuestra peculiar Historia, pero para no retrotraernos hasta los tiempos de Escipión, digamos que España llevaba un retraso histórico en la implantación Instrucción Pública Universal, que se empezó a reivindicar durante la Ilustración, y que en Occidente cuajó durante el ascenso del liberalismo. Este movimiento fue el creador de la institución escolar. Lo que hoy llamamos escuela, enseñanza, educación, es un invento ilustrado, anclado en el siglo XVIII en cuanto a sus dos manifestaciones visibles: las leyes educativas y la escuela.

            Hasta el  final del Antiguo Régimen, la instrucción de las naciones no era una cuestión de Estado, es más: ni siquiera era una “cuestión”. Era un hecho privado, cuando el hecho existía. Los niños privilegiados se educaban con preceptores en sus casas y accedían a la enseñanza superior muy jóvenes. Los niños pobres, simplemente, no recibían instrucción, salvo muy pocos y varones. De ello se ocupaba, si alguien lo hacía, la Iglesia.

           Las ideas de “progreso” (ya habrá ocasión de dedicar varios posts a ese mito ilustrado), a las que se adherían los liberales de los siglos XVIII y XIX, reclamaban una mínima instrucción pública -entendiendo “pública” como universal, obligatoria y tutelada por el Estado-, fueran públicos o privados los centros en los que se impartiera esa instrucción. Entonces fue creada la escuela tal como la seguimos concibiendo en el mundo occidental y desarrollado.

        Pero España, que se fue sumando durante el siglo XIX al liberalismo, lo hizo despacio y siempre con retraso con respecto a otros países. La plena escolarización del 100% de los niños hasta la adolescencia (14 años, LGE de 1970) se alcanzó, como quien dice, anteayer. Y como, durante siglos, el Estado no alcanzaba a extender ese ideal de la plena escolarización, la Iglesia Católica, a través de las órdenes religiosas, se ocupó de crear centros de enseñanza, tanto los más elitistas (que aún hoy se emplean en ese mismo sector social de alumnado) como los dedicados específicamente a niños desfavorecidos, y muy significativamente al rescate de la infancia y la juventud marginada, en el que no puede dejar de reconocerse la intensa y extensa labor de las órdenes religiosas durante el siglo XIX.

         Cuando hubo que escolarizar a la masa de niños y jóvenes del baby boom ( en España diez años posterior al resto del mundo occidental: 1955-1975, aunque hay quien lo amplía: 1950-1980) no hasta los 9 años como venía siendo obligatorio, sino hasta los 14 y luego hasta los 16, el Estado recurrió a concertar -es decir, a sostener con sus fondos- centros privados que ya existían, y otros nuevos que se crearan por iniciativa privada, si con ello quedaba dispensado de la inversión inicial de crear los miles de escuelas e institutos necesarios: así, en vez de crear tantísimos centros públicos de la noche a la mañana, adoptaba bajo su tutela los de iniciativa privada. Esta necesidad acuciante de plazas escolares obligó a hacer la vista gorda en cuanto al cumplimiento de los requisitos para que un centro fuera concertado. Esa falta de supervisión, ese mirar para otro lado, ha favorecido la picaresca o el fraude abierto en cuanto a la admisión de alumno en la escuela concertada: estos centros se  permiten seleccionar al alumnado en función de la demanda de distinción y exclusividad de los padres que sean mayoría en su zona . Téngase en cuenta que la idea de "distición" es más o emnos exigente según la zona y su clase social mayoritaria, pero hasta en los  barrios cercanos a la marginalidad, existe. 

        Enseguida cambió el contexto: la caída de la natalidad, que se apreció bruscamente desde los 90, recrudeció el conflicto: ahora hay que pelear por la clientela en los colegios. Y en las condiciones en que se mueven los conciertos educativos, la competencia se volvió desleal.

 

España: además de anómala, paradójica

             Una de las consecuencias de este sistema es que los numerosos colegios de titularidad religiosa, a veces, de católicos no tienen  más que el nombre. Entre las familias españolas persiste un cierto mito antiguo que asocia  “niña de colegio de monjas” con “niña distinguida”, cosa parcialmente cierta durante mucho tiempo.

         Por otro lado, los defensores de la escuela pública frente a los abusos de los centros concertados, hemos abusado del tic añejo del anticlericalismo, cuando la realidad nos muestra otra cosa:  en el momento en que los centros católicos comienzan a funcionar conforme a la ley de la oferta y la demanda, y a pelear por el cliente -que siempre tiene razón-  el ideario del centro y el llamado “carácter propio” se diluyen y hasta desaparecen. La demanda verdadera es la distinción.  Por eso hay tantos padres de izquierdas y laicistas que han optado por la escuela concertada, incluso la de titularidad católica: todos podemos alcanzar un alto grado de hipocresía y contradicción cuando se trata de educar a los propios hijos. Y si lo que demandan los padres a los centros no es catolicidad, no hay inconveniente es arrinconar el ideario y el carácter propio. Y si lo demandado es distinción, sin tener que pagar lo que cuesta ese 5% de centros 100% privados realmente distinguidos, sólo queda la escuela concertada, con larga experiencia en limitar subrepticiamente el acceso a sus colegios a todos los niños que menguarían esa imagen de exclusividad.

       Con todas las excepciones que iremos comentando en próximas entregas, esta es la clave de un conflicto que nos señala a los españoles con una de nuestras más lamentables peculiaridades.